Esta Contraloría ya había dado a conocer el caso y había hecho seguimiento del mismo desde su identificación, logrando confirmar en todas sus partes que la ex alcaldesa, con su conducta imprudente y negligente, suscribió el contrato de obra pública No. 001 de 2012, sin que se hubiera realizado la revisión de las circunstancias existentes al momento de su celebración, relacionadas con la ausencia de concertación ambiental, la necesidad de realizar la corrección de problemas de diseño así como la verificación de obras de urbanismo en mal estado. Todo esto con el agravante de no haberlo dotado de una correcta interventoría, invirtiendo recursos públicos que posteriormente no prestaron ningún servicio a la comunidad y se convirtieron en un nuevo elefante blanco para el municipio de Granada, que además es una entidad territorial de sexta categoría, cuyo presupuesto propio no supera los 28.600 millones de pesos.
Frente al contratista la Contraloría de Cundinamarca confirmó que dio inicio las obras sabiendo que los diseños entregados por el municipio no se ajustaban a la realidad del terreno en el que se iban a construir las viviendas y conociendo que las obras urbanismo preexistentes no iban a permitir que las casas fueran totalmente funcionales, tomando determinaciones unilaterales sin la debida justificación técnica o financiera y sin informar al contratante oportunamente sobre todos los problemas de la construcción en los términos exigidos por el contrato.
Ahora se procederá a remitir el fallo al Boletín de Responsables Fiscal, a la Procuraduría General de la Nación y a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva.
